Lo[s] pasado[s] y los problemas de identidad
La Casa Rosada. Fotografía de Gino Lucas Turra.
En 10 de mayo de 1987 el diario El País de España tuvo entre sus titulares “La asamblea general del IPI se celebra por primera vez en América Latina”. En este artículo se anunciaba que el Instituto Internacional de Prensa (IPI, por sus siglas en inglés) realizaría su primera asamblea general en América Latina y la número 36 en su historia. La asamblea tendría dos sedes. El programa de las actividades del IPI comenzaría en Buenos Aires, del 9 al 13 de mayo, y concluirían en la ciudad de Montevideo, del 14 al 16 de mayo. Uno de los temas convocantes era “las nuevas democracias latinoamericanas” (De la Serna, 1987a). El discurso oficial de apertura del evento, el 11 de mayo, estaría a cargo del presidente de Argentina, Raúl Alfonsín, quien estaría acompañado por el disertante invitado Carlos Fuentes – escritor mexicano que en ese mismo año le otorgarían el premio Cervantes.[1]
Los paneles de estas jornadas serían, el 11 de mayo, “Informando desde América Latina”; el 12 de mayo, “las comunicaciones y las Naciones Unidas” y “El poder de la política y de los medios de comunicación”. En ambas mesas habría representación argentina. En la primera estaría Bartolomé Mitre por el diario Nación y en la segunda Héctor Magnetto por el diario Clarín. El 14 de mayo el panel sería “Satélites: la promesa incumplida” y el 15 de mayo “Derechos Humanos y los medios de comunicación” y “Reportes de países”.[2] En el panel de “Derechos Humanos” participaría Adolfo Pérez Esquivel y Wilson Ferreira.
Este evento del IPI tenía como contexto los ecos de los recientes hechos de la Semana Santa en Argentina. El primer alzamiento militar carapintada que tuvo lugar entre el 15 y el 19 de abril de 1987. El disparador de este suceso tenía sus orígenes en los juicios a las juntas militares de la última dictadura cívico-militar en Argentina (1976-1983), acciones legales que tuvieron entre otras dificultades delimitar a quién juzgar y hasta quiénes extender dentro de la jerarquía militar la responsabilidad por los delitos de lesa humanidad. No se podía someter a todas las Fuerzas Armadas a un proceso judicial. Esto implicaría mucho tiempo, dilación de las diligencias judiciales y pérdida de eficacia en la resolución de las condenas. Además está situación de indefinición alimentaba y sostenía un clima de malestar y tensión tanto en las Fuerzas Armadas como en la sociedad civil.
Por otro lado, había que tener en cuenta que los militares aun en democracia eran una institución con poder. Desde esta condición hacían sentir sus desacuerdos con las medidas del gobierno de Raúl Alfonsín; en particular, con aquellas que eran concernientes al tema de la defensa de los derechos humanos. Las Fuerzas Armadas tuvieron su influencia en la transición a la democracia en Argentina. Pero pese a sus posiciones ya no podrían volver a sus viejas prácticas de interrupciones institucionales. Alfonsín había tenido un acierto: “el juicio a las juntas, que posicionó a la institución [militar] en un lugar del cual nunca más podría retornar en la opinión ciudadana” (Masi, 2014: 166). Lo que había pasado en los tiempos de la dictadura ya no se podía ocultar.
El discurso de Raúl Alfonsín en la asamblea del IPI tuvo por título “Entre el país del pasado y el país del futuro”. En la primera parte de esta alocución se hace referencia al evento y a la institución convocante. Alfonsín hizo alusión al papel del IPI, que es promocionar y defender los derechos de opinión, de acceso y comunicación de información, derechos a los cuales Alfonsín categorizó como esenciales. Contextualizando esta afirmación en la experiencia argentina dijo: “Nosotros sabemos todo lo que se pierde cuando se pierden esas libertades” (Alfonsín, 1987: 110). Y agregó que fue la recuperación de esas libertades las que les permitieron estar reunidos y hablando en ese evento.
Además, que dichos derechos esenciales resultan básicos para el conocimiento, el entendimiento y la convivencia entre sujetos que viven en sociedad. Para esto “es necesario tener buena información” (Alfonsín, 1987: 111). Desde estas palabras es que Alfonsín juzgó la importancia de los medios de comunicación, de la prensa, teniendo en cuenta que los sujetos acceden a la realidad de forma mediada y principalmente por los medios de comunicación. Estos son vías de conocimiento de historias y de experiencias que pueden ayudar a cualquier sujeto. Son una forma de compartir con otros, lo cual no se puede entender sin la responsabilidad que conllevan estas prácticas.
Alfonsín (1987: 112) dijo “[e]n 1983 los argentinos retomamos y elegimos el camino de la democracia, es decir, de la libertad y de la juridicidad”. Estas decisiones fueron posibles por las historias que tuvieron que vivir los argentinos, en sus circunstancias de diversidad y complejidad, con sus éxitos y fracasos. Pero la vuelta a la democracia no había sido por el camino de la violencia, sino mediante la ley. Alfonsín ejemplificó esto con la frase “los argentinos no hemos tomado la Bastilla” (1987: 113). Se podría decir que a Argentina la democracia no volvió de la mano de una revolución, sino ¿por la aplicación de un orden recuperado?
Del mismo modo, la aplicación de la ley que produjo cambios en la Argentina puertas adentro, también lo hizo con los países vecinos. Alfonsín hizo referencias a los problemas limítrofes con Chile en el canal de Beagle (1984) y la consolidación de relaciones con Brasil y Uruguay, en lo que él consideraba una apuesta a “nuestra identidad latinoamericana” para evitar los males de la Guerra Fría (Alfonsín, 1987: 113). Por la vía de la legalidad, también, consideró seguir las negociaciones por la soberanía argentina de Malvinas y por el pago de la deuda externa. Indicando que las historias de la Argentina tienen sus páginas malas y buenas experiencias de cómo tratar esos temas y sus consecuencias. Son de esas experiencias que se puede aprender, pensaba Alfonsín, y consolidar “una dinámica de construcción positiva [para Argentina]” (1987: 114).
Alfonsín considera en su discurso que a través de la democracia la ley impera sobre el poder; La ley, o las leyes, que provienen de la sociedad, de los sujetos en su conjunto, del pueblo. Las leyes son constituidas, aplicadas y veladas por las instituciones democráticas y republicanas. Que representan y expresan, supuestamente, los intereses del pueblo. Alfonsín, a las luces de los hechos de la Semana Santa, entendió que el pueblo salió en defensa de ese sistema, la democracia. Lo que para él señalaba el paso, la transición, de una Argentina del pasado a una Argentina del futuro. Pero que no implicaba el olvido del pasado, sino su relectura, su adaptación a las circunstancias actuales.
El diario El País, el 12 de mayo de 1987, a su cobertura del discurso de Alfonsín en la asamblea del IPI la tituló “Alfonsín abre la asamblea del IPI con una defensa del pluralismo y la libertad”, en donde desde las palabras del presidente argentino se le otorgó a la democracia la característica de conciliadora. Además, se hizo referencia a la disertación del escritor mexicano Carlos Fuentes, la cual tuvo por título “Prensa y cultura”. Fuentes dijo que cierta “continuidad cultural” fue lo que permitió a América Latina encontrar recursos para superar los diversos embates que ha tenido en sus historias. Y agregó que es desde esa “riqueza y diversidad cultural” que América Latina puede relacionarse con los demás. También Carlos Fuentes dijo que ese proceso sería encabezado por “México y Argentina, por sus lazos respectivos con el Pacífico y con Europa” (De la Serna, 1987b).
El filósofo mexicano Leopoldo Zea se hizo eco del discurso de Raúl Alfonsín “Entre el país del pasado y el país del futuro” y lo hizo con un artículo titulado “Conflictos de identidad”. En este recupera la idea expresada por Alfonsín sobre la Bastilla y su relación con la ley. Comienza hablando de cómo la guerra de Malvinas (1982) y su desenlace fue un despertar para la sociedad argentina. De cómo aquello impulsó la vuelta a la democracia en Argentina y la realización de los juicios a las juntas militares. Zea recalca que en este caso los juicios se hicieron sólo con el poder de la ley y a un ejército que no había sido derrotado por la sociedad argentina, por lo cual dicho ejercito aun contaba con su poder y sus armas.
Aunque la imagen de las Fuerzas Armadas ya iba perdiendo prestigio después de la derrota contra los británicos, y más cuando se comenzaba a tomar conocimiento de forma masiva de lo que habían hecho entre 1976 y 1983, Zea (1987: 98) dice que ese ejército, el argentino, “había olvidado sus orígenes, los que le marcó José de San Martín, el defensor del pueblo y al servicio del pueblo”. La sociedad argentina le recordó al ejército cuál era su lugar, pero este último se preguntaba hasta dónde llegarían esas reivindicaciones. Primero el ejército buscó que se olvidara lo sucedido en tiempos de la última dictadura cívico-militar.[3] Después buscó justificarlo. Este cambio de actitud, en parte, Zea se lo atribuye a la segunda visita del Papa Juan Pablo II a la Argentina, hecho que tuvo lugar del 6 al 12 de abril de 1987. Leopoldo Zea dice que si bien la Argentina no tomó la Bastilla, es desde allí de donde se amenazaba a la democracia.
Zea, siguiendo a Alfonsín, expresa que la ley es para todos y es ella la que hace de un pueblo una nación. Si alguien quedaba impune o exento del imperio de la ley, Argentina podía volver a repetir viejas y tristes historias. “Sólo juzgando y castigando puede la ley ser respetada […]. No [es] una venganza […], sino el imperio de la ley” (Zea, 1987: 100). El autor plantea que los mismos militares que decían que sólo obedecían órdenes en tiempo de la dictadura, ahora no querían obedecer.[4] ¿No querían reconocer las autoridades democráticas?[5] Zea compara los hechos de Semana Santa del 1987 con lo sucedido con Frondizi en 1962 e Illia en 1966. La diferencia estuvo, dice, en que el pueblo ya no le temía al ejército. El pueblo en 1987 salió a las calles a salvar la democracia. Pero la situación quedó en una especie de empate en esta ocasión. Ambas partes, el pueblo y las partes sublevadas del ejército no tenían las suficientes fuerzas para imponer totalmente sus intereses. Se corría el riesgo de volver a prácticas anteriores a 1983. Según Zea, Alfonsín no tuvo otra salida para evitar desmanes que dar lugar a Ley de Obediencia Debida.[6] Con esta ley se buscó lograr cierto equilibrio, a la vez de limitar a los que serían culpados y juzgados por lo sucedido en los tiempos de la última dictadura cívico-militar. También, tuvo como intención desarticular a las estructuras de los militares sublevados (Cfr. Masi, 2014: 168). Los hechos de Semana Santa habían dejado en evidencia “el desencuentro entre civiles y militares” (Alfonsín citado en Zea, 1987: 102).
El 14 de mayo de 1987, Alfonsín anunció el proyecto de Ley de la Obediencia Debida. Leopoldo Zea destaca algunas frases de ese anuncio: “Hace pocos días, [dijo Alfonsín] durante Semana Santa, a los argentinos se nos vinos encima el pasado. […] Supimos entonces que la democracia no era concesión de nadie, sino que todos la ejercemos de pleno derecho” (Alfonsín citado en Zea, 1987: 102). Zea reflexiona sobre aquello que se les “vino encima” a los argentinos, que no es otra cosa que historias de colonialismos, en las cuales se puede leer que los ejércitos fueron creados como fuerzas para mantener el orden en las colonias y cuidar de los intereses de las metrópolis europeas.
Los ejércitos fueron pensados más para represión fronteras adentro, que para defensa y ataque a fuerzas externas. Fueron conformados como cuerpos aparte de la sociedad, por lo que nacieron con leyes propias. Además, de estos ejércitos coloniales saldrían los elementos que formarían y consolidarían a las repúblicas en América Latina. Los posteriores ejércitos patrios tendrían como una de sus funciones principales defender el “ser nacional” (Zea, 1987: 103). El filósofo dice que estos ejércitos han ejercido una suerte de paternalismo con el resto de la sociedad, rol que han asumido cada vez que consideraron que algo iba mal en la patria. Alfonsín dijo que ese paternalismo en Argentina a partir de 1983 empezó a cambiar (Cfr. Alfonsín, 2013 [2004]: 73).
Leopoldo Zea plantea que Argentina, como otras repúblicas de América Latina, padece de un problema de identidad. Porque al preguntar qué o quién es Argentina, las respuestas se pueden multiplicar exponencialmente y al mismo tiempo resurgir viejos enconos, que aún hoy perduran. ¿Argentina es el Interior o el Puerto? ¿Es Quiroga o Sarmiento? ¿Es Unitarios o Federales? ¿Es Alberdi o Rosas? ¿Es Yrigoyen? ¿Es Justo? ¿Es Perón? ¿Argentina es civilización o barbarie? ¿Argentina es América Latina o Europa? Cada pregunta y cada respuesta portan sus intereses y sus proyectos, los cuales muchas veces no han podido alcanzar su plenitud o aquél punto deseado por aquellos que la enarbolan.
Ante esta situación se ha hecho necesario, en cada caso, culpar a alguien o alguna contraparte. Por ejemplo, Sarmiento quería que Argentina fuera Estados Unidos de Norteamérica en el sur; los golpistas militares argentinos y sus grupos civiles de instigación querían una “Argentina blanca, occidental y cristiana” (Zea, 1987: 106). Pero en ambos casos se encontraron con un obstáculo: la realidad. América Latina y Argentina, comprendida dentro de la primera, tienen circunstancias que le son propias. Tienen una composición de historias y culturas que si no se han mezclado, aun permanecen yuxtapuestas y en estado de tensión. Para los militares argentinos “la sectorización de intereses constituía la causa de todos los males de la sociedad” (Masi, 2014: 40). ¿Pero eso implicaba eliminar aquello que no se sabía cómo unir?
Aún perviven en América Latina y en Argentina, en particular, estructuras coloniales y autoritarias, que no soportan el disenso. Para combatir esto Alfonsín consideraba que en Argentina no se podía hablar de conservar ni restaurar, sino de transformar. Porque para afianzar la democracia se necesita imaginación, para poder instituir “un pacto de garantías entre los protagonistas y en general entre todos los actores del quehacer político; el ejercicio de la democracia exige respeto generalizado de un conjunto de reglas de juego, sin el cual ninguna política responsable es posible” (Alfonsín, 2013 [2004]: 270).
Alfonsín pensó en reformar la Constitución de la Nación, en cambiar la sede de la capital argentina de Buenos Aires a Viedma, esto en un intento de producir un punto de inflexión en las historias de Argentina, un punto que permitiera avizorar una salida a viejos problemas. Para tratar de encontrar una articulación que permitiera una buena convivencia entre una mayoría demandante y una minoría privilegiada – minoría que históricamente ha defendido a capa y espada sus beneficios y confort, además de su deseo de no compartirlos con el resto de la sociedad. Aún en nuestros tiempos sigue resonando la pregunta: ¿cómo lograr conciliar la posición de estas partes?
[1] El 25 de noviembre de 1987 (Sorela y García, 1987).
[2] Los nombres de los paneles son traducciones propias del programa original de la asamblea de la IPI. Disponible en: http://ipi.freemedia.at/fileadmin/resources/images/ipi_history/1980/87_Buenos_Aires_ and_Montevideo_Programme.pdf
[3] Un ejemplo de la busca de olvido fue la ley nº 22.924, la Ley de Pacificación Nacional, conocida también como la Ley de autoamnistía y que fue derogada por Alfonsín.
[4] Al respecto destaca el caso de Ernesto Barreiro, un militar que se negó a concurrir a tribunales y fue uno de los que dio pie a los hechos de la Semana Santa en 1987. “[F]ue uno de los máximos ejecutores que tuvo […] la dictadura militar” (Paillet, 2007).
[5] Algunos militares argentinos en el 2010, y lo siguen haciendo, insistían que los juicios a las juntas militares eran un error y eran inconstitucionales (TELAM, 18 de febrero de 2010).
[6] Ley nº23521, sancionada el 5 de junio de 1987. Artículo 1: “Se presume sin admitir prueba en contrario que quienes a la fecha de comisión del hecho revistaban como oficiales jefes, oficiales subalternos, suboficiales y personal de tropa de las Fuerzas Armadas, de seguridad, policiales y penitenciarias, no son punibles por los delitos a que se refiere el artículo 10 punto 1 de la ley Nº 23.049 por haber obrado en virtud de obediencia debida”.
Referencias
Alfonsín, R. (1987). Un pueblo en la encrucijada. Cuadernos Americanos. Nueva época, 5, México, UNAM, 110-125.
Alfonsín, R. (2013 [2004]). Memoria política. Transición a la democracia y derechos humanos. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
De la Serna, V. (1987a). La asamblea general del IPI se celebra por primera vez en América Latina. El País. Consultado en: https://goo.gl/MXDyUw
De la Serna, V. (1987b). Alfonsín abre la asamblea del IPI con una defensa del pluralismo y la libertad. El País. Consultado en: https://goo.gl/H6axyq
Gargarella, R. (2010). “Democracia y derechos en los años de Raúl Alfonsín”. En Roberto Gargarella, Murillo, M., V. & Pecheny, M. (comps.), Discutir Alfonsín. Buenos Aires: Siglo XXI: 23-40.
IPI (1987). 36th Annual General Assembly. Programme, Buenos Aires and Montevideo. May 10-17, 1987. Consultado en: https://goo.gl/gzheor
Masi, A. (2014). Los tiempos de Alfonsín. La construcción de un liderazgo. Buenos Aires: Capital Intelectual.
Paillet, C. (2007). Represor y carapintada. La Voz del Interior, sección Temas. Consultado en: https://goo.gl/KCAxx2
Sorela, P. y García, A. (1987). Carlos Fuentes obtiene a los 59 años el Premio Cervantes. El País. Consultado en: https://goo.gl/eUgYKH
TELAM. (18 de febrero de 2010). Menéndez insiste con que los juicios son “inconstitucionales”. La Voz del Interior. Consultado en: https://goo.gl/FozFaM
Zea, L. (1987). Conflictos de identidad. Cuadernos Americanos. Nueva época, 5, México, UNAM: 97-109.
